Maria empezó a consumir drogas a los doce años y a los catorce era ya adicta a la heroína. Y para conseguir la droga, no dudó en robar o vender su cuerpo cuando aún era una niña. Laura tiene 14 años y hace dos que perdió a su madre, muerta por una sobredosis. Su vida dio un vuelco - drogas, relaciones sexuales sin control, malos tratos, delincuencia...-hasta que la Generalitat asumió su tutela y la sacó del infierno. Historias como las de estas dos adolescentes (los nombres son supuestos) se repiten en los centros de menores tutelados por la Administración. Ahí se trabaja al límite para reconducir esas vidas arruinadas en edad muy precoz. Una labor que ahora ha sido de nuevo cuestionada en un informe de Amnistía Internacional (AI), con acusaciones de abusos, violaciones, torturas y terapias irregulares.
Font Fregona, en Torrelles de Foix (Alt Penedès), es uno de los centros señalados por AI en esa denuncia de violaciones de los derechos humanos en menores. Esa comunidad socioterapéutica, que tiene reservadas cuarenta de sus setenta plazas para menores tutelados por la Generalitat, abrió ayer sus puertas a La Vanguardia,sin poner trabas al contacto con esos adolescentes necesitados de atención especial por trastornos de conducta, alteraciones mentales o patologías derivadas del consumo de drogas. El día a día de Font Fregona -en Catalunya sólo hay otros dos centros de estas características preparados para atender a menores tutelados- nada tiene que ver con la vida de los centros de acogida. Y esas diferencias, indica Xavier Soley, responsable de la dirección general de Atenció a la Infància (Dgaia), "no se han tenido en cuenta en el informe de Amnistía Internacional". Soley lamenta que en ese documento -cuyo contenido niega, hasta el punto de estudiar posibles acciones legales contra la ONG- "se haya mezclado todo".
La Generalitat tiene bajo su tutela a alrededor de 7.400 menores de edad -casi el doble de los que había hace cinco años- y de esos, alrededor de 2.500 están internados en centros. El trabajo de los más de 3.000 educadores dedicados a la atención de menores -la mayoría desamparados por sus familias- nada tiene que ver con el tratamiento que la Dgaia precisa para los casos más complicados en el centenar de plazas reservadas en centros socio-terapéuticos, como el de Font Fregona.
Y es sólo al referirse a este tipo de instalaciones cuando se admite sin reparos el uso de medidas de contención ante conductas violentas. "Eso incluye atar a los menores a sillas adaptadas para ese cometido con el fin de evitar daños a terceras personas o autolesiones", reconoce Fina Moreno, fundadora de este centro de la comarca barcelonesa del Alt Penedès. Cuando se adopta esa medida siempre tiene que haber -tal como marca el protocolo del que son conocedores tanto la Generalitat como la Fiscalía de Menores- varias personas junto al menor.
Toda medida de contención, se asegura desde este centro y se corrobora desde la Administración catalana, debe de ser autorizada, queda anotada y es comunicada. Está prohibido aplicar este método como corrección educativa y tras una contención siempre se realiza un examen médico para garantizar que el menor no ha sufrido lesiones.
Xavier Soley y Fina Moreno coinciden al afirmar que en los últimos años se ha detectado un incremento de ingresos de menores aquejados por graves patologías mentales. Son los que llegan a los centros terapéuticos y el 99% de esos adolescentes tienen problemas con las drogas. Son tratamientos en los que se precisa suministrar fármacos, lo que tampoco nadie niega. El régimen que impera en centros como el de Font Fregona es duro.
La disciplina se considera una clave del éxito y, como dice Maria, "aquí o bien haces las cosas por las buenas o las acabas haciendo de todas maneras". Esta adolescente no esconde que al principio se sorprendió por algunos "castigos" como el de obligar a un menor a comer en plato de plástico -en vez del de cerámica- y de reducirle la ración de comida por mal comportamiento. "Esta medida sólo pretende que esa conducta incorrecta sea visible por el resto", afirma Martí Riera, fundador del centro. "Y al final lo acabas entendiendo", corrobora Maria, que se muestra agradecida por el nuevo rumbo de su vida.
La protección del menor en Cataluña tiene muy graves déficits. Mi hija ha sido sometida a maltrato institucional, con graves consecuencias para su futuro desarrollo. La incompetencia y falta de sensibilidad de técnicos y responsables de la DGAIA y del ICAA es más que evidente. A mí, en Cataluña, la Administración me ha secuestrado a mi hija.Lo explico todo en www.esmihija.es
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